Emergencia pública en materia de Alquileres

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Emergencia pública en materia de Alquileres

Emergencia pública en materia de Alquileres

El Decreto 320 del corriente año sobre Alquileres es sancionado en el marco de la situación epidemiológica que atraviesa el país y con el fin de proteger el derecho a la vivienda.

Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y el contagio producen efectos secundarios que tiene que ver con un menoscabo en la situación económica general y también en las economías familiares.

En el marco de ésta problemática económica y social, el gobierno se propuso proteger no solo el derecho a la salud sino también el derecho fundamental a la vivienda, haciendo hincapié que éste último se encuentra consagrado en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país -art 75 inc 22 CN- como así también en el artículo 14 bis.

La pandemia hace que el cumplimiento de los contratos se torne muy difícil para los locatarios y locatarias.

En este sentido, de dispone la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de:

  • los desalojos de los inmuebles que enumera el Decreto;
  • la prórroga de la vigencia de los contratos de locación con acuerdo de la parte locataria;
  • por el mismo plazo, de dispone el congelamiento del precio de las locaciones, debiéndose abonar, durante ese período, el canon locativo correspondiente al mes de marzo próximo pasado. La diferencia entre lo estipulado y lo que se pague durante el congelamiento se abonará a partir de octubre en cuotas mensuales sin interés.

Asimismo se establece una forma de pago en cuotas para abonar la diferencia entre el precio pactado en el contrato y el que resulte de la aplicación del presente decreto, y también un mecanismo para el pago de las deudas que pudieren originarse hasta el 30 de septiembre, por falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo.

De igual modo, y siguiendo la línea de la emergencia económica y social, se ampara al locador o locadora que se encontrase en estado de vulnerabilidad y necesite el pago del alquiler para satisfacer necesidades básicas suyas o de su familia. No se aclara el modo, pero se exige que éste término sea probado debidamente.

Habrá además distintas instancias destinadas a resolver posibles conflictos entre los inquilinos, inquilinas y propietarios o propietarias. El decreto prevé que CABA y cada provincia establezca un sistema de mediación previa, obligatoria y gratuita —o a bajo costo— para resolver cualquier conflicto, evitando la judicialización del problema.